En un contexto donde la violencia familiar y de género persiste como una problemática apremiante, las órdenes de restricción se destacan como herramientas preventiva para la protección de las víctimas. El abogado Franco Garbarino, especialista en esta materia, ofrece una visión clara sobre la utilidad y los procedimientos relacionados con estas medidas judiciales.
Actualidad31 de mayo de 2024
German QuirogaFranco Garbarino explica que una orden de restricción es una prohibición dictada por un juez que impide el contacto entre dos o más personas. "Esta medida es crucial en casos de violencia familiar y de género, aunque también puede aplicarse en otras situaciones conflictivas", indica Garbarino. Es fundamental entender que la orden es siempre una medida judicial basada en un hecho concreto.
Una orden de restricción no requiere necesariamente la intervención de un abogado. "Ante una denuncia por violencia, la propia policía o cualquier autoridad puede activar el mecanismo para que un juez dicte la medida", aclara Garbarino. Además, la víctima puede solicitar explícitamente esta orden al momento de denunciar.
La violación de una orden de restricción se considera un delito. "El incumplimiento de esta orden judicial abre una causa penal para el infractor", advierte Garbarino. Esto resalta la seriedad de la medida y la protección que ofrece a la posible víctima.
La participación activa de la víctima es fundamental para el cumplimiento efectivo de la orden. "Es esencial que la víctima denuncie cualquier incumplimiento de la orden para que el sistema judicial pueda actuar", subraya Garbarino. Aunque reconoce que los tiempos judiciales pueden ser lentos, insiste en la importancia de hacer la denuncia para activar el mecanismo de protección.
Las órdenes de restricción son una herramienta valiosa en la lucha contra la violencia familiar y de género. La correcta aplicación y el uso responsable de estas, junto con la participación activa de las víctimas, son claves para su efectividad. Como subraya Garbarino, es crucial que la sociedad y el sistema judicial continúen trabajando juntos para garantizar la seguridad y protección de las personas afectadas por estas problemáticas.
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