El decreto 845/2024 establece que las indemnizaciones previstas en la Ley N° 27.179 se cancelarán mediante Bonos de Consolidación, conforme a lo establecido en la Ley N° 25.344. Este pago se realizará siguiendo los mecanismos indicados en el Anexo IV del Decreto N° 1116 de noviembre de 2000 y sus modificatorios.
Además, el monto de la indemnización será equivalente a la remuneración mensual de agentes de Nivel A Grado 0, correspondiente al Convenio Colectivo de Trabajo Sectorial del Personal del Sistema Nacional de Empleo Público (SINEP).
Para implementar esta forma de pago, el Gobierno derogó el Decreto de Necesidad y Urgencia 596/2023, que establecía la compensación económica a los herederos de las víctimas de la explosión en la Fábrica Militar de Río Tercero en términos monetarios.
La normativa derogada fijaba los módulos a pagar, según los rubros solicitados por los damnificados. Sin embargo, el nuevo decreto justifica que no se asignaron partidas presupuestarias específicas para cubrir estos pagos, lo que llevó a modificar la forma de indemnización.
La implementación de esta medida será responsabilidad del Ministerio de Defensa, que quedó facultado para dictar las normas aclaratorias y complementarias necesarias. El cambio de la forma de pago surge de la imposibilidad de ampliar el presupuesto o identificar fondos específicos para cumplir con la compensación económica en los términos originalmente establecidos.
El uso de Bonos de Consolidación como medio de pago significa que las indemnizaciones no serán inmediatas ni en efectivo, lo que podría generar controversias entre los beneficiarios que esperaban una compensación monetaria directa.
Esta decisión marca un nuevo capítulo en el largo proceso de resarcimiento a los familiares de las víctimas, a más de 28 años de la explosión que devastó a la ciudad de Río Tercero, dejando un profundo impacto en su historia y en la vida de sus habitantes.
