Tras su divorcio la jueza de familia, Dra. Parrelo, le otorgó a Rubiolo la posesión de una propiedad en Santa Rosa de Calamuchita. Sin embargo, ante una ocupación posterior de dicho inmueble, la justicia tomó una decisión que desencadenó el conflicto actual: en lugar de restituirle sus bienes designó a un familiar de su ex esposa como garante judicial de la casa y de todo lo que había en su interior.
Desde el año 2019 hasta la actualidad Germán Darío Campero -ex cuñado del médico- y garante judicial, no ha devuelto absolutamente nada a pesar de las cartas documento y los constantes reclamos legales realizados por Rubiolo: "Estamos en 2026 y todo está parado, no se acciona absolutamente en nada de nada", afirma.
El despojo denunciado no se limita a dinero y otros objetos, lo más crítico es el material profesional acumulado en 47 años de ejercicio. La desaparición de sus archivos genera un riesgo institucional sin precedentes. Según el médico: "Este fiscal nunca me atendió, nunca el señor (garante) me devolvió lo que es tan grave, las historias clínicas donde ahí se puede ventilar hechos privados de muchas personas y tampoco las pericias".
Esta situación le impide ejercer plenamente su rol como perito de control en los tribunales de la provincia, ya que se pregunta: "¿qué hago yo cuando tengo que ir a una pericia y defender a distintas personas?".
Rubiolo denuncia que la fiscalía de Río Tercero, a cargo del Dr. Alejandro Carballo, no ha imputado a los responsables ni ha facilitado la recuperación de los bienes. Por el contrario, ha mantenido una actitud de apatía y desinterés a pesar de las pruebas presentadas y de los constantes pedidos de la abogada del profesional. Rubiolo describe el trato recibido en la dependencia judicial como "humillante" y "desvalorizante".
Así mismo, el conflicto ha provocado una ruptura total del vínculo con sus hijos: “Hace mucho tiempo que no puedo hablar con mis hijos porque de alguna manera están con el tío y no tengo una relación afectiva para con ellos. El daño que me han generado es de todo tipo, material, profesional, pero fundamentalmente emotivo”, expresa Rubiolo.
Actualmente, la denuncia solicita que se impute a Germán Darío Campero por el delito de Administrador Infiel (Art. 173 inc. 7° del Código Penal). Ante la falta de respuestas en el juzgado local la representación legal de Rubiolo, a cargo de la abogada Dra. García Galván, ha iniciado acciones ante instancias superiores. El objetivo no es solo recuperar lo perdido, sino evitar que la falta de acción por omisión genere un precedente de impunidad en la justicia provincial. "Voy a llegar hasta el último momento", asegura el médico, quien busca que se ponga fin a una situación dolorosa que se extiende desde hace siete años sin resolución a la vista.
