El Gobierno de Córdoba implementó un protocolo que obliga a los responsables de falsas amenazas en escuelas a afrontar los costos de los operativos de seguridad. La medida, impulsada por el Ministerio de Seguridad de Córdoba, busca reducir las intimidaciones y falsas alarmas que generan movilizaciones de recursos estatales.
El procedimiento establece que, una vez identificados los autores —en muchos casos menores de edad—, los gastos derivados de la intervención serán reclamados a sus padres o adultos responsables. Esto incluye la participación de la Policía de Córdoba, bomberos, brigadas especiales y áreas investigativas. Además de las consecuencias penales, se avanzará con la intimación de pago e incluso acciones judiciales si corresponde.
Desde la Provincia indicaron que estas situaciones afectan el normal funcionamiento escolar y generan preocupación en las comunidades educativas. En el departamento Calamuchita se registraron episodios similares, particularmente en Santa Rosa de Calamuchita, donde se activaron protocolos de emergencia ante amenazas que luego resultaron falsas. Las autoridades remarcaron que estos operativos demandan recursos que podrían destinarse a tareas preventivas en otros puntos del territorio.
El ministro Juan Pablo Quinteros sostuvo que se trata de conductas que requieren una respuesta firme y coordinada con el Ministerio Público Fiscal. La Provincia ratificó así una política de control y prevención para garantizar entornos educativos seguros.
