La multinacional Atanor, con planta en el polo químico de Río Tercero, firmó este jueves 10 de abril un acuerdo con el Sindicato de Trabajadores Químicos en la delegación local del Ministerio de Trabajo. El entendimiento establece que, durante un periodo de seis meses, la empresa no aplicará despidos ni suspensiones, en el marco de una compleja situación económica que enfrenta el sector.
El convenio, que ahora espera ser homologado por la Secretaría de Trabajo de la Nación, contempla la continuidad laboral de los más de 350 trabajadores directos de la planta, de los cuales 188 están bajo convenio sindical. La medida busca preservar los puestos de trabajo mientras la compañía revisa su estructura de costos ante la caída de la competitividad.
Desde Atanor —empresa del grupo Albaugh, de capitales estadounidenses— argumentaron que uno de los principales factores que motivaron esta decisión es la apertura de importaciones, lo cual ha afectado la producción del herbicida 2-4 D, el principal producto que se elabora en su planta riotercerense, y que ahora enfrenta competencia externa más barata.
- No habrá despidos ni suspensiones por seis meses.
- Se mantienen los salarios actuales y lo que se acuerde en las paritarias.
- No se realizarán aportes jubilatorios durante cuatro meses, salvo en el caso de trabajadores que estén a menos de 18 meses de jubilarse.
- No se renovaron 11 contratos ni se reemplazaron 8 retiros voluntarios recientes, aunque estos no se consideran despidos.
- El acuerdo también incluye a las plantas que Atanor posee en Pilar y San Nicolás, en la provincia de Buenos Aires.
Lucas Felici, secretario gremial de los químicos, señaló que el panorama del sector es preocupante a nivel nacional: “Todo el sector químico está muy complicado”, expresó, y añadió que tres plantas locales —Atanor, Petroquímica Río Tercero y Pamcor— se encuentran actualmente bajo procedimientos preventivos de crisis.
La empresa también estaría gestionando beneficios fiscales a través de conversaciones con el municipio de Río Tercero, el Gobierno de Córdoba y autoridades nacionales, con el objetivo de reducir su carga tributaria.
La situación, aunque controlada momentáneamente por este acuerdo, deja una marcada incertidumbre hacia el futuro si no se revisan políticas vinculadas a la apertura del mercado externo.
Fuente: LA VOZ
