Finalizan tres audiencias en la Cámara Criminal y Correccional de Río Tercero: condenas y suspensiones de juicio a prueba
Tres audiencias culminan con condenas y suspensiones en Río Tercero
El pasado jueves, se llevaron a cabo tres audiencias en la Cámara Criminal y Correccional de Río Tercero, donde se trataron diversos casos de interés público. En la primera audiencia, se desarrolló el juicio abreviado correspondiente a un joven de 21 años, quien había sido imputado por el delito de Robo Calificado de Vehículo en la Vía Pública y Coacción. El tribunal, presidido por el juez José Argüello, escuchó el acuerdo entre la defensa y la Fiscalía, así como el reconocimiento de culpabilidad por parte del imputado. Como resultado, el tribunal condenó al acusado a una pena de 4 años de prisión, al declararlo autor de robo calificado de vehículo dejado en la vía pública, agravado por la participación de un menor de edad, y por los hechos ocurridos en junio del 2024 en Río Tercero.
A continuación, se procedió con una audiencia vinculada a los mismos hechos, pero relacionada con otro imputado: un joven de 17 años. En esta ocasión, la defensa solicitó la suspensión del juicio a prueba, un beneficio que fue concedido por el tribunal tras evaluar la fundamentación presentada por la defensa y la postura de la Fiscalía. El tribunal impuso al joven diversas condiciones, entre ellas la finalización de sus estudios secundarios y un tratamiento por su adicción a los estupefacientes. Dado que se trata de un menor de edad, no se revelaron mayores detalles sobre su identidad.
Por último, se desarrolló el segundo juicio abreviado del día, relacionado con un caso de Peculado, en el que una mujer de 51 años fue condenada por la sustracción de caudales públicos en la ciudad de Hernando. La acusada, quien desempeñaba un cargo público en la municipalidad, fue hallada culpable de malversación de fondos durante el periodo comprendido entre enero y mayo de 2020. El tribunal le impuso una pena de 3 años de prisión en su modalidad condicional, así como la inhabilitación absoluta y perpetua para ocupar cargos públicos. La sentencia fue el resultado de un acuerdo entre la defensa, la querella particular y la Fiscalía, con la participación de los representantes legales correspondientes.
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