German Quiroga
El abogado Franco Garbarino, representante legal de tres empleadas del Hospital Provincial de Río Tercero, reveló detalles sobre un presunto patrón de violencia institucional y maltrato laboral vinculado a los actuales directivos del centro. Según el letrado, las denuncias surgieron tras un cambio en la administración del hospital, donde las empleadas —todas mujeres— habrían enfrentado hostigamiento sistemático.
Garbarino explicó que las afectadas sufrieron acoso laboral mediante presiones para cumplir órdenes arbitrarias, denuncias falsas presentadas en instancias judiciales y administrativas, y violencia psicológica con un marcado componente de género. “Esto no es exigencia laboral, es maltrato”, afirmó el abogado, destacando que las profesionales solo buscan trabajar en un ambiente saludable, especialmente tras los riesgos enfrentados durante la pandemia.
Las empleadas presentaron formalmente sus reclamos ante el Ministerio de Salud de Córdoba a través de plataformas digitales habilitadas para este tipo de denuncias. Sin embargo, Garbarino señaló que, hasta el momento, no han recibido ninguna respuesta por parte de las autoridades. El caso combina dos líneas de acción: denuncias penales por amenazas y coacción, así como procesos administrativos por violencia institucional.
El abogado insistió en la necesidad de que las autoridades provinciales fiscalicen el hospital para evitar que estas prácticas continúen. “Un directivo a cargo de un centro de salud tan importante no puede operar bajo estos términos”, declaró, subrayando que los hechos ocurrieron exclusivamente dentro de las instalaciones, lo que agrava el carácter institucional del conflicto.
Durante la entrevista, Garbarino hizo un llamado urgente a otras posibles víctimas o testigos de situaciones similares para que se sumen a la denuncia. “Hay presiones para silenciar a los empleados, pero la justicia está para respaldarlos”, afirmó. Advirtió que el problema no se trata de casos aislados, sino de un ambiente laboral deteriorado que afecta a múltiples trabajadores.
Mientras la Fiscalía avanza en la investigación, el abogado confirmó que esperarán las resoluciones judiciales correspondientes. No obstante, reiteró que el objetivo principal es garantizar condiciones laborales dignas en el Hospital Provincial de Río Tercero, un centro clave para la salud pública de la región.
